História do Brasil e do Mundo
Publicado por José María Lancho
Siempre que veo en una página en internet, cada vez más, que ésta se puede leer en varios idiomas y junto a la opción del español encuentro la bandera de México, me parece algo emocionante y legítimo. Al menos el liderazgo en la cultura, en lo hispánico, es para quien se lo gana. En patrimonio subacuático México ha demostrado mucho más sentido técnico, jurídico y político que nuestras propias administraciones. Pero esta vez, la bandera grande, la que enlaza con una correcta traducción de la identidad viva que nos vincula, merece ser la de Panamá.
Bandera de Panamá
La sociedad civil panameña ha plantado cara sola al cazatesorismo sobre los galeones hispánicos en las aguas de ese país. En concreto frente a la empresa IMDI (Investigaciones Marinas del Itsmo, S.A.) y toda su conexión con el cártel cazatesoros de Florida, que en situaciones que contradecían cualquier legalidad nacional e internacional, venía explotando comercialmente los restos –al menos- del galeón San José. Fueron esos ciudadanos panameños lo que me permitieron documentar el expolio -consentido y cómplice por anteriores administraciones de aquél país, con silencio del nuestro- sobre un patrimonio histórico común. Efectivamente, el saqueo del San José en aguas del primer Estado que suscribió la Convención UNESCO, era un secreto a voces. Pero pudimos denunciarlo ante la comunidad científica en el Congreso IKUWA celebrado en Cartagena (España) en una ponencia precisamente denominada “Hacia un patrimonio cultural subacuático común hispánico”. Asimismo, fue el primer caso de expolio que se denunció, ante el mundo de la cultura, en un Hay Festival y finalmente, gracias de nuevo al diario ABC, lo fue desde las páginas de este periódico. Entonces, nuestro país tampoco quiso desarrollar una acción de Estado sino que, forzando el sentido de la UNESCO, mandó una representación a la que los cazatesoros respondieron desafiantes no sólo haciendo ostentación de la salida comercial, fuera del país, de buena parte del expolio sino trayendo a Panamá un barco aún mayor: el Sea Reaper III.
El Sea Reaper III, buque de refuerzo q fue traído a Panamá por los cazatesoros
Pero aunque la administración de nuestro país echara algún hueso a la prensa, desde aquí seguía sin hacerse mucho. Los que no cejaron fueron los anónimos héroes de la sociedad civil de Panamá que consiguieron involucrar a sectores jurídicos, culturales y políticos de ambos países. Sabemos que esas personas pueden estar en riesgo por el tipo de redes que andan detrás del expolio de galeones y del respaldo que tienen desde el cártel cazatesoros de Florida con el que, extrañamente, el estado Español jamás se ha enfrentado (hablamos de los Fisher y de un nutrido grupo de familias, empresas y fundaciones que incluso despreciaban a Odyssey por su empleo de alta tecnología para expoliar, pues para ellos bastaba el empleo de “buzones de correo”, es decir las “artes tradicionales” del saqueo y la destrucción de yacimientos arqueológicos de origen hispánico) que consiguen que la ley española no vincule ni siquiera a nuestros altos funcionarios. Interesante…
El Blue Water Rose, buque de los cazatesoros en Panamá
El tesón de la ciudadanía panameña ha servido para que las circunstancias legales, conforme al propio derecho panameño, de la compañía IMDI fueran revisadas. En ese sentido, y este abogado es testigo del inmenso esfuerzo desplegado por esos ciudadanos de Panamá, abordaron el problema de los cazatesoros desde todas las perspectvas posibles. Esas personas han dado la mayor dignidad cultural, ética y cívica a la expresión “hispánico”, y merecerían el mayor reconocimiento, incluido su consideración para el mismísimo Príncipe de Asturias, logrando que la Contraloría General de la República de Panamá denunciase, desde la legalidad panameña y tras un pormenorizado análisis técnico, las actividades de los cazatesoros.
Como primicia cito textualmente la NOTA Nº 2126-15-LEG de 19 de agosto de 2015 Contraloría General de la República que ha sido dirigida se ha recepcionado por la Dirección General del Instituto Nacional de Cultura, en concreto el 24 de agosto, que son los que deberían ahora actuar directamente contra los cazatesoros.
“Le solicitamos que, con fundamento en el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, revoque oficiosamente el permiso otorgado mediante la resolución nº 136-13 de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de 16 de julio de 2013, así como cualquier otro acto mediante el cual se hubiese extendido la duración de dicho permiso, habida cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 14-1982, el mismo debe otorgarse mediante un contrato firmado por el Director del Instituto Nacional de Cultura y el concesionario, debe contar con el concepto favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y, ser refrendado por la Contraloría General de la República, presupuestos que no fueron cumplidos por el Instituto Nacional de Cultura, quien por tal razón, emitió el mencionado permiso sin competencia para ello.
En caso de que la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura no revoque oficiosamente la resolución nº 136-13 DNPH de 16 de julio de 2013, así como cualquier otro acto mediante el cual se hubiese extendido su duración, la Controlaría General de la República ejercerá las acciones legales que correspondan en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 280 (numeral 7) de la Constitución Política y el artículo 11 (numeral 8) de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.
Por otra parte, es oportuno recordarle que cualesquiera actos de disposición, enajenación, adjudicación o traspaso de bienes que sean recuperados y salvados del fondo del mar deben ser sometidos al refrendo de la Contraloría General de la República, a fin de que nuestra Institución, en ejercicio de la función fiscalizadora, determine si dichos actos de afectación de fondos o bienes públicos cumplen con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, de conformidad con lo normado en el artículo 280 (numeral 2) de la Constitución Política, desarrollado por los artículos 11, 45 y 48 de la Ley 32 de 1984, entre otras disposiciones legales.”
Esta resolución debe tener consecuencias inmediatas y el más pronto y potente refuerzo desde España y el resto de la comunidad hispánica, incluido Estados Unidos, frente a una práctica que confiamos que acabará siendo asimilada una forma de piratería moderna.
Es fundamental ahora que las Autoridades del Gobierno de Panamá sean congruentes (e invitamos, en ese sentido, a las autoridades del Reino de España, a sus funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Justicia y desde luego a las autoridades de Cultura a que intervengan) y se persiga no sólo la interrupción de ninguna nueva actividad sobre el pecio, sino que se inste la confiscación y recuperación de los bienes históricos que necesariamente han sido obtenidos de forma irregular -desde luego desde el 2013- no sólo desde el derecho español, sino desde el derecho panameño, y que están en manos de los responsables de IMDI con la intención de comercializarlos. Europa no debería ser nunca más el mercado de este tipo de restos.
Curiosamente, el Sea Reaper III zarpó del puerto de Colón (en el Caribe) el 24 de agosto, el mismo día que el Instituto Naciona de Cultura (INAC) recibió la anterior Nota de la Contraloría.
Pace ser que el navío navegaba en dirección a Estados Unidos y se detuvo en Port Antonio, Jamaica sin ningún sentido aparente. Nos tememos, expresado esto en términos de hipótesis, necesaria dada la actividad cazatesoros sobre un buque histórico que aún ostentaría la cualidad de buque de guerra que hayan buscado un lugar remoto y opaco de Jamaica para descargar el denominado tesoro.
Es hora de no dejar solo a esos ciudadanos de la cultura universal e hispánica, como tantas veces se ha hecho y con tantos héroes anónimos, al menos en este ámbito del patrimonio, y que hacen que todavía tenga un sentido digno sentirse hispánico en el difícil camino de esta humanidad presente.
Fonte: http://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/2015/09/09/sos-de-la-sociedad-civil-panamena-frente-a-los-cazatesoros-de-imdi-y-al-cartel-cazatesoros-de-florida/ (09/09/2015)
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História do Brasil e do Mundo
SOS de la sociedad civil panameña frente a los cazatesoros de IMDI y al cártel cazatesoros de Florida.
Publicado por José María Lancho
Siempre que veo en una página en internet, cada vez más, que ésta se puede leer en varios idiomas y junto a la opción del español encuentro la bandera de México, me parece algo emocionante y legítimo. Al menos el liderazgo en la cultura, en lo hispánico, es para quien se lo gana. En patrimonio subacuático México ha demostrado mucho más sentido técnico, jurídico y político que nuestras propias administraciones. Pero esta vez, la bandera grande, la que enlaza con una correcta traducción de la identidad viva que nos vincula, merece ser la de Panamá.
La sociedad civil panameña ha plantado cara sola al cazatesorismo sobre los galeones hispánicos en las aguas de ese país. En concreto frente a la empresa IMDI (Investigaciones Marinas del Itsmo, S.A.) y toda su conexión con el cártel cazatesoros de Florida, que en situaciones que contradecían cualquier legalidad nacional e internacional, venía explotando comercialmente los restos –al menos- del galeón San José. Fueron esos ciudadanos panameños lo que me permitieron documentar el expolio -consentido y cómplice por anteriores administraciones de aquél país, con silencio del nuestro- sobre un patrimonio histórico común. Efectivamente, el saqueo del San José en aguas del primer Estado que suscribió la Convención UNESCO, era un secreto a voces. Pero pudimos denunciarlo ante la comunidad científica en el Congreso IKUWA celebrado en Cartagena (España) en una ponencia precisamente denominada “Hacia un patrimonio cultural subacuático común hispánico”. Asimismo, fue el primer caso de expolio que se denunció, ante el mundo de la cultura, en un Hay Festival y finalmente, gracias de nuevo al diario ABC, lo fue desde las páginas de este periódico. Entonces, nuestro país tampoco quiso desarrollar una acción de Estado sino que, forzando el sentido de la UNESCO, mandó una representación a la que los cazatesoros respondieron desafiantes no sólo haciendo ostentación de la salida comercial, fuera del país, de buena parte del expolio sino trayendo a Panamá un barco aún mayor: el Sea Reaper III.
Pero aunque la administración de nuestro país echara algún hueso a la prensa, desde aquí seguía sin hacerse mucho. Los que no cejaron fueron los anónimos héroes de la sociedad civil de Panamá que consiguieron involucrar a sectores jurídicos, culturales y políticos de ambos países. Sabemos que esas personas pueden estar en riesgo por el tipo de redes que andan detrás del expolio de galeones y del respaldo que tienen desde el cártel cazatesoros de Florida con el que, extrañamente, el estado Español jamás se ha enfrentado (hablamos de los Fisher y de un nutrido grupo de familias, empresas y fundaciones que incluso despreciaban a Odyssey por su empleo de alta tecnología para expoliar, pues para ellos bastaba el empleo de “buzones de correo”, es decir las “artes tradicionales” del saqueo y la destrucción de yacimientos arqueológicos de origen hispánico) que consiguen que la ley española no vincule ni siquiera a nuestros altos funcionarios. Interesante…
El tesón de la ciudadanía panameña ha servido para que las circunstancias legales, conforme al propio derecho panameño, de la compañía IMDI fueran revisadas. En ese sentido, y este abogado es testigo del inmenso esfuerzo desplegado por esos ciudadanos de Panamá, abordaron el problema de los cazatesoros desde todas las perspectvas posibles. Esas personas han dado la mayor dignidad cultural, ética y cívica a la expresión “hispánico”, y merecerían el mayor reconocimiento, incluido su consideración para el mismísimo Príncipe de Asturias, logrando que la Contraloría General de la República de Panamá denunciase, desde la legalidad panameña y tras un pormenorizado análisis técnico, las actividades de los cazatesoros.
Como primicia cito textualmente la NOTA Nº 2126-15-LEG de 19 de agosto de 2015 Contraloría General de la República que ha sido dirigida se ha recepcionado por la Dirección General del Instituto Nacional de Cultura, en concreto el 24 de agosto, que son los que deberían ahora actuar directamente contra los cazatesoros.
“Le solicitamos que, con fundamento en el artículo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, revoque oficiosamente el permiso otorgado mediante la resolución nº 136-13 de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de 16 de julio de 2013, así como cualquier otro acto mediante el cual se hubiese extendido la duración de dicho permiso, habida cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 14-1982, el mismo debe otorgarse mediante un contrato firmado por el Director del Instituto Nacional de Cultura y el concesionario, debe contar con el concepto favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y, ser refrendado por la Contraloría General de la República, presupuestos que no fueron cumplidos por el Instituto Nacional de Cultura, quien por tal razón, emitió el mencionado permiso sin competencia para ello.
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Por otra parte, es oportuno recordarle que cualesquiera actos de disposición, enajenación, adjudicación o traspaso de bienes que sean recuperados y salvados del fondo del mar deben ser sometidos al refrendo de la Contraloría General de la República, a fin de que nuestra Institución, en ejercicio de la función fiscalizadora, determine si dichos actos de afectación de fondos o bienes públicos cumplen con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, de conformidad con lo normado en el artículo 280 (numeral 2) de la Constitución Política, desarrollado por los artículos 11, 45 y 48 de la Ley 32 de 1984, entre otras disposiciones legales.”
Esta resolución debe tener consecuencias inmediatas y el más pronto y potente refuerzo desde España y el resto de la comunidad hispánica, incluido Estados Unidos, frente a una práctica que confiamos que acabará siendo asimilada una forma de piratería moderna.
Es fundamental ahora que las Autoridades del Gobierno de Panamá sean congruentes (e invitamos, en ese sentido, a las autoridades del Reino de España, a sus funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Justicia y desde luego a las autoridades de Cultura a que intervengan) y se persiga no sólo la interrupción de ninguna nueva actividad sobre el pecio, sino que se inste la confiscación y recuperación de los bienes históricos que necesariamente han sido obtenidos de forma irregular -desde luego desde el 2013- no sólo desde el derecho español, sino desde el derecho panameño, y que están en manos de los responsables de IMDI con la intención de comercializarlos. Europa no debería ser nunca más el mercado de este tipo de restos.
Curiosamente, el Sea Reaper III zarpó del puerto de Colón (en el Caribe) el 24 de agosto, el mismo día que el Instituto Naciona de Cultura (INAC) recibió la anterior Nota de la Contraloría.
Pace ser que el navío navegaba en dirección a Estados Unidos y se detuvo en Port Antonio, Jamaica sin ningún sentido aparente. Nos tememos, expresado esto en términos de hipótesis, necesaria dada la actividad cazatesoros sobre un buque histórico que aún ostentaría la cualidad de buque de guerra que hayan buscado un lugar remoto y opaco de Jamaica para descargar el denominado tesoro.
Es hora de no dejar solo a esos ciudadanos de la cultura universal e hispánica, como tantas veces se ha hecho y con tantos héroes anónimos, al menos en este ámbito del patrimonio, y que hacen que todavía tenga un sentido digno sentirse hispánico en el difícil camino de esta humanidad presente.
Fonte: http://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/2015/09/09/sos-de-la-sociedad-civil-panamena-frente-a-los-cazatesoros-de-imdi-y-al-cartel-cazatesoros-de-florida/ (09/09/2015)
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